El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el PP tras ser condenado por la Audiencia de Las Palmas en el caso Faycán a pagar 740 euros por la financiación ilegal de unas obras en la sede del partido político en Telde en 2005 con fondos municipales, según la sentencia hecha pública ayer.

El PP fue condenado en julio de 2018 por la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas como responsable civil subsidiario y recurrió al Supremo por entender que se había producido un quebrantamiento de forma, una infracción de ley e infracción de precepto constitucional, algo que rechaza el alto tribunal, que entiende que no se ha vulnerado ningún derecho y que refrenda a la Fiscalía en su actuación contra el partido.

En el “caso Faycan“ fueron condenados 21 de los procesados que pactaron con la Fiscalía Anticorrupción y resultaron absueltos siete que se negaron a reconocer los hechos y optaron por seguir adelante en el juicio: los ex alcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano, ambos del PP, los empresarios Agustín León y Domingo Juan Campos y los empleados municipales José Luis Mena Felipe, Juan Martín y Emilio Hernández.

La Audiencia Provincial de Las Palmas declaró firme aquella sentencia y solo cabía recurso por parte del PP, condenado por la financiación ilegal de las obras en la sede del partido, unos hechos que fueron cometidos por algunos de los 21 acusados que se confesaron culpables.

Veintiuno de los 28 procesados en el caso Faycán reconocieron que participaron en una trama corrupta que pagó y cobró comisiones ilegales a cambio de obtener trato de favor en el consistorio y aceptaron los cargos de cohecho, prevaricación y blanqueo, entre otros delitos, en su contra.

En la sentencia de la Sección Sexta quedó probado que, tras las elecciones de 2003, en el mandato del PP-AFV-Ciuca, varios componentes de ese gobierno acordaron organizar un sistema para financiar al PP, primero, y después para enriquecerse los participantes de la trama con el cobro de comisiones ilegales a las empresas para adelantar pagos del Ayuntamiento y adjudicar obras. Entre esas 21 personas figuran empresarios, políticos y funcionarios municipales de Telde.