La Policía Judicial registra el Servicio Canario de Salud en busca de archivos del caso Mascarillas

Desde primera hora de este jueves, la sede del Servicio Canario de Salud (SCS) en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra bajo la investigación de la Policía Judicial. La inspección, orquestada por la Fiscalía Europea, busca documentos vinculados a Conrado Domínguez, exdirector del SCS, y Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos, ambos invetigados por el caso Mascarillas y la supuesta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública canaria.

El año pasado, el SCS adelantó esta suma a RR7 United, una empresa sin antecedentes en la distribución de material médico, para la compra de un millón de mascarillas 3M. Estas mascarillas nunca fueron entregadas y las que se intentaron importar resultaron ser falsificaciones, siendo bloqueadas por la Aduana.

El operativo de este jueves contó con la presencia de nueve agentes que ingresaron al edificio del gobierno regional justo antes de las 8.30 horas. El foco de esta investigación es descubrir qué ocurrió con los cuatro millones de euros entregados a RR7 y determinar la implicación de Domínguez y Pérez en el contrato suscrito con dicha empresa.

Fracaso tras fracaso en los intentos por recuperar el dinero del caso mascarillas

Comisión de Domínguez

Se especula que Domínguez, quien renunció a su cargo tras ser imputado, podría haber recibido una comisión de 100.000 euros tras la operación. Este dato surge de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, lo que añade más sombras al ya oscuro panorama del caso.

Este incidente ha propiciado que la gestión y la integridad de los procesos de contratación dentro del Servicio Canario de Salud, especialmente en momentos críticos como la pandemia, donde la demanda y la urgencia de recursos médicos alcanzaron niveles sin precedentes, esté bajo sospecha.