Sergio Oliva: "Los señalamientos a jueces solo provocan desconfianza en la ciudadanía"

Usted ha asumido la portavocía de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y se define como un "defensor de la independencia judicial". ¿Qué opina de la ley de amnistía?

Desde un punto de vista técnico jurídico, entendemos que la ley de amnistía vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. Aunque se vulnere ese artículo, hay una doctrina del Tribunal Constitucional que dice que estaría justificada siempre que el fin fuera constitucionalmente legítimo, pero pensamos que la justificación que hay en la exposición de motivos no lo es. Por eso creemos que vulnera el artículo 14 y que podría ser inconstitucional si así lo decide el propio Tribunal Constitucional.

Uno de los órganos más críticos con esta ley ha sido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a que acumula cinco años en funciones. ¿Qué supone para la jurisdicción española esa falta de renovación?

Estamos ante una anomalía democrática sin parangón. No existe ningún caso similar en la Unión Europea y lo que demuestra es que el sistema actual de designación de vocales del CGPJ está fracasado. Es urgente despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y eso solo puede pasar porque la carrera judicial elija de una vez por todas a los 12 vocales, como exigen y recomiendan las instituciones europeas. El hecho de que el CGPJ no se haya renovado no solamente deslegitima cualquier actuación de los jueces y tribunales, aunque no forme parte en sí del poder judicial, sino que deslegitima al propio país a ojos de las instituciones europeas, como se ha visto en las manifestaciones del comisario de Justicia, Didier Reynders. 

¿Quién es el responsable?

Desde el punto de vista jurídico, son los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado porque son los únicos con competencias para iniciar el proceso de renovación del CGPJ. Tristemente, en España nos hemos acostumbrado en los últimos 40 años a que las designaciones de vocales se produzcan en un intercambio de cromos entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero este sistema es claramente inconstitucional. Por eso la culpabilidad, si hay algún culpable, recae en los presidentes de estas instituciones que llevan cinco años omitiendo sus funciones de convocar los plenos para dar inicio al proceso de renovación. 

"Las designaciones de vocales del CGPJ son un intercambio de cromos entre el PP y el PSOE"

Hace unos días la asociación difundió un comunicado, firmado por otros colectivos de jueces y fiscales, en el que condenaban las críticas de la portavoz en el Parlamento de Junts Per Catalunya a magistrados del Supremo.

Sí, condenamos este señalamiento de jueces por parte de la portavoz, pero también por parte del senador del Partido Popular, José Antonio Monago, que el mismo día hizo un señalamiento expreso, con nombres y apellidos, de un juez al que acusó de haber cometido lawfare (guerra jurídica). Nosotros entendemos que este señalamiento público es sumamente grave y no solamente conduce al descrédito del poder judicial, sino que también resulta dañino para la imagen de nuestro país. En España existen procedimientos reglados para analizar las actuaciones de los jueces, tanto desde el punto de vista disciplinario como desde el punto de vista penal. Por tanto, animo a cualquier político que tenga dudas de comportamientos de jueces a que utilicen las vías que nos hemos dado todos en una democracia y no señalamientos públicos que lo único que hacen es producir desconfianza en la ciudadanía.

¿Ha notado un mayor señalamiento por parte de los políticos a las actuaciones de jueces y magistrados?

Hace dos años, en 2021, nuestra asociación judicial ya presentó en el Parlamento Europeo un informe en el que se advertía de la existencia de una estrategia de deslegitimación del poder judicial por parte del Gobierno de España. Ese informe ya venía a señalar que lo que se estaba intentando con estas manifestaciones era someter a influencia y control la independencia del poder judicial, mermando con ello el Estado de derecho. Estamos viendo que se han dado muchos pasos en ese descrédito, en esa deslegitimación del poder judicial en los últimos meses. Entendemos que la intención es someter a influencia y control el poder judicial y eso es un peligro no para los jueces, sino para la ciudadanía. 

"Los jueces canarios están resolviendo por encima de sus posibilidades, con el riesgo que ello supone"

En el caso de Canarias, los datos de los órganos judiciales son preocupantes. La comunidad autónoma lidera la tasa de litigios a nivel nacional y el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias habla de un riesgo de "colapso".

Sí, la tasa de litigiosidad de Canarias es extraordinaria. Hemos sido los reyes, por así decirlo, de litigiosidad en los últimos cuatro años. Yo ya he hecho las proyecciones para 2023, que va a comunicarse a principios de 2024, y estaremos a 10 puntos de la media nacional. Esta es una situación gravísima, aunque los jueces canarios tienen la tasa de resolución más alta de España. Es decir, están resolviendo por encima de sus posibilidades, con el riesgo que ello supone para la salud laboral.

¿Qué medidas son más urgentes para regular esa carga de trabajo?

Tenemos que profundizar en reformas procesales que permitan una mayor agilidad y eficiencia de los procedimientos y tratar de solucionar los problemas antes de llegar a los juzgados. En relación con Canarias, ya que las competencias de Justicia están atribuidas al Gobierno autonómico, yo le animo a que de verdad se tome en serio esa competencia que tiene porque el riesgo de quiebra de la tutela judicial efectiva para los canarios es una evidencia, analizando los datos de determinados partidos judiciales como, por ejemplo, el de Granadilla. 

"Animo a cualquier político que dude de la conducta de un magistrado a utilizar las vías democráticas"

¿Usted lo nota en su día a día como magistrado de lo social?

Por supuesto. La media racional que ha determinado en diferentes ocasiones el CGPJ para un órgano de la jurisdicción social son 800 procedimientos de entrada anuales. Pues hoy mismo me informaba mi letrada de la administración de justicia de que ya vamos por 1.100. Son 300 asuntos más de lo que la salud laboral de un juez puede permitirse. Esto tiene una consecuencia dramática para el ciudadano, que tiene que esperar mucho más para resolver sus problemas en cuestiones tan importantes como un despido, una incapacidad o una pensión de ingreso mínimo vital. Son circunstancias, como digo, muy graves.

¿Qué retos se marca en esta nueva etapa como portavoz de la asociación judicial?

El primer reto es intentar normalizar la situación de desconfianza existente entre los poderes del Estado. Intentar convencer al Gobierno y al partido de la oposición como partido mayoritario de que pueden afrontar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que, por fin, el órgano de gobierno de los jueces se despolitice. Y, desde el punto de vista de los medios, hay un número insuficiente de jueces, de juzgados y de tribunales en España. Este país tiene 11,24 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Europa es de 17,6. La situación va a ser mucho más grave porque se prevé que en los próximos 10 años se jubile el 33% de la carrera judicial actual. Es decir, va a existir una justicia de muy baja calidad porque no va a ser posible que los jueces den cuenta de toda la litigiosidad que hay en nuestro país. El CGPJ dijo que del año 2023 al año 2032 tenían que incorporarse casi 6.509 jueces a la carrera judicial y, viendo el número de plazas que se ofertan anualmente, eso no va a ser posible. La consecuencia directa es que el ciudadano va a ver su justicia resuelta de manera tardía y una justicia tardía no es justicia.

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