Madrid vuelve a olvidar a Canarias en la ley para descarbonizar el transporte

La sintonía que se percibe en esta legislatura entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo canario que preside Fernando Clavijo, con la visita de cinco ministras a las Islas en estos meses, no se traslada de la misma forma a las normas que elabora el Estado en la mayoría de las ocasiones, donde Canarias siempre tiene que estar advirtiendo que incluyan que el Archipiélago tiene condiciones singulares o, lo que es lo mismo, que Canarias es una región ultraperiférica (RUP), reconocida por la UE, y requiere un trato especial al resto del territorio español, con ayudas y medidas que compensen su insularidad y lejanía.

El último episodio de esta larga lista de avisos para que siempre se tenga en cuenta el Régimen Económico y Fiscal (REF) y la ultraperificidad en cualquier medida o norma estatal se acaba de producir. El Gobierno central ha retomado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y vuelve a olvidar a Canarias y sus singularidades como RUP. «Es un texto muy generalista hecho para el territorio continental», coinciden en señalar la directora general de Transportes del Gobierno canario, María Fernández, y el secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes (FET) de Canarias, José Ángel Hernández.

El proyecto de ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros es el mismo texto validado en diciembre de 2022, que decayó al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de las elecciones de generales de julio del año pasado. Ahora se ha remitido de nuevo a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y su aprobación en 2024. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene prisa por cumplir con uno de los objetivos acordados con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, algo que no pudo hacer a finales del mandato anterior.

Movilidad sana

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defiende la importancia de reactivar una iniciativa legislativa «tan necesaria para lograr una movilidad sana, sostenible y segura», pues contabiliza que el transporte genera el 29% de las emisiones de CO2, y además la UE obliga a que la movilidad sea sostenible antes de 2050. Puente presenta el mismo texto, pero quiere que se enriquezca con las enmiendas de los partidos.

José Ángel Hernández fue uno de los ocho expertos que participaron en la legislatura pasada en la Comisión de Transportes del Congreso y puso de manifiesto las carencias de este proyecto de ley, especialmente para Canarias. «De entrada hay dos territorios que son indiscutiblemente distintos, Baleares y Canarias, y Canarias es el único territorio de España que es ultraperiférico y que, además, tiene un aislamiento energético en cuanto a la Península, y si eso no queda contemplado y con un capítulo aparte, aunque sea el último, que hable de una regulación específicamente para Canarias, nos podemos encontrar con que Canarias no aparezca en la foto de la ley», advierte.

De hecho, recuerda que en las Islas hay siete sistemas eléctricos insulares producidos con centrales de fuel-oil o diesel-oil, que no están dimensionados para atender un aumento de demanda por una electrificación rápida del parque de vehículos.

«La insularidad obliga a disponer de siete sistemas de transporte público terrestre aislados que requieren un sobreesfuerzo de inversión en flotas, instalaciones y personal», expone. En concreto, la FET tiene un estudio que indica que solo renovar la red de transporte público de las Islas, que cifra en 27.170 vehículos, entre las 6.750 guaguas, los 5.750 taxis, los 14.000 camiones, las 450 ambulancias y las 220 limusinas –sin contar los vehículos privados–, requería una inversión de 5.000 millones de euros para su electrificación. El transporte «está por la descarbonización», remarca, pero supone un alto coste que requiere la electrificación en Canarias donde, además de cambiar la flota, habría que crear toda una infraestructura adecuada de las centrales eléctricas de producción, porque las actuales no darían abasto a toda la demanda.

No hay ficha financiera

Por ello, Hernández incide en que la nueva ley no viene acompañada de una ficha financiera y, menos para Canarias, que establezca claramente el coste de la oferta del transporte público, para que luego se puedan ir fijando los compromisos. Es decir, «el texto del proyecto de ley esboza un ambicioso plan de medidas para la mejora de la movilidad, pero deriva constantemente al desarrollo futuro de los instrumentos de planificación definidos en el mismo, por lo que aparenta ser en realidad una especie de estrategia general de movilidad sostenible que requerirá de una concreción a posteriori», enfatiza.

María Fernández, por su parte, se encargó junto a Ana Oramas en la pasada legislatura en el Congreso, como diputadas de CC, de elaborar las enmiendas para que Canarias tuviera una voz propia en la ley, enmiendas que son las mismas que defiende ahora desde el Gobierno de Canarias ante el Ministerio de Transportes y que se presentarán en la Cámara baja, en este caso, por su sustituta Cristina Valido (CC). La mayoría de ellas ponen el foco en lo mismo: «El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adaptará el desarrollo de la presente ley y, en general, las políticas en materia de transportes a la consideración de Canarias como RUP reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», y que, «a tal fin, colaborará con el Gobierno de Canarias en la puesta en marcha de las iniciativas previstas en la presente ley».

Insisten en que Canarias tenga una financiación diferenciada por su singularidad, pero es más, advierten que los fondos que llegan por los contratos programas de transportes y los adicionales que se requieran para implantar la ley «no computarán a los efectos de las cantidades previstas en el REF», como se intentó hacer con el sistema de financiación autonómica.

De hecho, en la legislatura pasada pudieron salvar que la Ley de Movilidad Sostenible no tocara el 75% de bonificación en los trayectos a la Península para los residentes canarios.

Se tuvo que producir una negociación entre CC, liderada por el entonces senador y ahora presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, con el PSOE para evitar cualquier revisión del descuento del 75% en los términos que recomendaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), hacia una ayuda fija para cada ruta.

En el debate que se abre en el Congreso, y entre gobiernos, de la ley de movilidad se defenderá una financiación que contemple el diferencial fiscal con la Península como establece el REF. Además, que sean considerados nodos logísticos de importancia estratégica los puertos capitalinos de interés general, que forman parte de la Red Transeuropea de Transporte, o que cuando se hable de transporte urbano se cite además el «transporte insular integrado», que es por el que se rige Canarias. También, que se impulsen los trenes de ambas capitales y formen parte de la Red Ferroviaria, entre otras medidas.

María Fernández está de acuerdo con el proyecto de ley, en el sentido de que se tiene que plantear el transporte como un derecho social, que tiene que llegar a todos los ciudadanos vivan donde vivan, e impulsar medios más sostenibles con la electrificación de los vehículos o las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, pero hay que dimensionar esta norma «que es muy general» al territorio canario.

Por ello, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, prepara su propia Ley de Movilidad Sostenible, que será complementaria a la estatal, pero adaptada a la realidad de las Islas y con medidas financieras reales, expone Fernández. Para ello convocará a la Mesa del Transporte de Canarias.

¿Qué contempa la ley estatal?

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno central establece el transporte, por primera vez, como un derecho social de toda la ciudadanía. Por tanto, la movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas, de tal manera que las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, incluyendo el ámbito rural.

Con la norma se busca priorizar la movilidad activa (caminar o ir en bicicleta) y un transporte público colectivo accesible y asequible para todas las personas. La ley trata de promover alternativas atractivas al vehículo privado, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas de movilidad colaborativa o compartida.

También se promueve reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para municipios de más de 50.000 habitantes. Estas zonas se debían implantar el año pasado y se ha dado un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de este año. La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias va a coordinar la implantación de estos espacios en los municipios de Canarias, en concreto, en el de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Lucía de Tirajana, Arrecife, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona y Granadilla.

La ley incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos para optimizar la planificación de nuevas infraestructuras o servicios.

Y la norma introduce la obligación de que las grandes empresas de más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad como el transporte eléctrico o colectivo, o bien flexibilizar los horarios e impulsar el teletrabajo, algo que no afecta a Canarias porque mayoritariamente son pequeñas y medianas empresas.

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