El Cabildo de Fuerteventura rechaza que el ITC investigue las tierras raras
Lola García discrepa de la idea del Gobierno de Canarias de otorgar el permiso al ITC alegando que "supondría proteger el espacio" y anuncia que la Corporación Insular continuará "por la vía administrativa, interponiendo alegaciones a los proyectos ya solicitados"
La presidenta majorera, Lola García, ha reiterado este miércoles el rechazo del Cabildo de Fuerteventura a cualquier sondeo o extracción de tierras raras, sentenciando: "Ni queremos que se lleven a cabo las investigaciones por empresas, ni por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), ni por nadie".
García sale así al paso de declaraciones en el Parlamento del presidente autonómico, Fernando Clavijo, sobre que su Gobierno pretende que "el control" del asunto de las tierras raras lo tengan las administraciones canarias, y no "que nadie venga a expoliar nuestras islas y llevarse los beneficios a otro lado", según ha destacado.
Cuestionando el hecho de que Clavijo ha anunciado que el Ejecutivo, a través del ITC, pedirá permiso para explorar la presencia de esos materiales, mientras que desde su Cabildo continúan, "por la vía administrativa, interponiendo alegaciones a los proyectos ya solicitados".
Además, la presidenta ha criticado el proceder de aquel cuando -ha recalcado- el Gobierno de Canarias "nos ha garantizado que, bajo ningún concepto, irá en contra del sentir del pueblo majorero y de sus administraciones". Apostillando al respecto: "Y queremos confiar en eso".
"Una ley obsoleta"
Lola García ha argumentado que no comparte el parecer de Clavijo sobre que, como puede haber muchas empresas dispuestas a solicitar autorizaciones para la investigación y extracción de tierras raras, "el Ejecutivo regional entiende que el hecho de que se le otorgue al ITC supondrá proteger el espacio, ya que no lo van a explotar, y que esto nos da un margen hasta que se modifique la Ley de Minas".
Frente a ese planteamiento, la presidenta majorera ha dicho que esa es "una ley obsoleta" y que lo que se debe hacer es actualizar su contenido para adecuarlo a la realidad de las islas, a fin de que prevalezca la protección del territorio sobre "la extracción de un recurso contaminante y dañino para el medio y la salud de las personas", según ha recalcado.
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