Guaguas gratis por 30 viajes en tres meses en Gran Canaria

Los usuarios de las guaguas de Gran Canaria tendrán más facilidades para viajar gratis en ese transporte público. Tras la eliminación de la exigencia de realizar un mínimo de 15 viajes al mes, el Cabildo ha reducido esa cifra a 30 trayectos cada tres meses. Por tanto, se rebaja a 10 el número de viajes mensuales y se ofrece la posibilidad de realizarlos en un periodo de 90 días, según han informado este miércoles el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, y el consejero de Movilidad, Teodoro Sosa, que han reclamado una mayor implicación del Gobierno de Canarias en la financiación del transporte gratuito porque actualmente el esfuerzo recae en el Estado y en los Cabildos.

En el caso de los bonos de gratuidad de Gran Canaria, el Estado aporta caso 49 millones de euros (el 67,4%), el Cabildo casi 20 millones (26,6%) y el Gobierno de Canarias los otros 4 millones (6%), por lo que reclamaron al Ejecutivo autónomo que participe con más dinero en la compensación a los gastos del transporte público para que la carga no recaiga en los cabildos, los ayuntameintos y las empresas operadoras.

24,5 millones de viajeros más que en 2022

La puesta en marcha de la gratuidad de las guaguas en septiembre de 2022 ha afianzado el uso del transporte público en la isla, con un aumento de 24,5 millones de viajeros en 2023, un 37% más. De los 66 millones de viajes en 2022 se pasó a 91 millones el año pasado, detalló Morales, quien resaltó de casi la mitad de la población de Gran Canaria, unas 400.000 personas disponen de alguno de los tres bonos gratuitos o de descuento de las compañías operadoras.

¿Fin a la obligatoriedad de los quince viajes para viajar gratis en guagua? Los cabildos deciden

La flexibilidad a la hora de justificar ese número mínimo de viajes irá acompañada de un “control riguroso” en el uso de los bonos que dan acceso a la gratuidad, para jóvenes, mayores y residentes, pues se trata de dinero público y “duele” gastarlo, apuntó Sosa.  

El nuevo sistema arrancará el 1 de febrero y, a partir de ese día, una persona tendrá que controlarse solo al trimestre, no mensualmente. Y, si incumple los requisitos, tendrá que ir a pagar su recibo, su bono, y automáticamente se le abrirá una nueva ventana, un nuevo período de cancelación por los siguientes tres meses.

En este contexto, el presidente Morales destacó la apuesta decidida del Cabildo de Gran Canaria por el transporte público, dado que fue "la primera administración pública de Canarias que abogó por una semigratuidad real del transporte público, con una política de bonos dirigida a los jóvenes, a los mayores y al conjunto de la ciudadanía que apuesta por el uso de las guaguas”.

“Y lo hicimos porque entendíamos que era necesario impulsar el transporte de viajeros en guaguas en Gran Canaria, por ser parte del compromiso del Gobierno de la Isla con la sostenibilidad y, por tanto, con la lucha para hacer posible la descarbonización total del territorio insular”, recordó. Unas iniciativas que, como apuntó, han ido logrando un incremento notable del uso del transporte público en la Isla. 

Puso de relieve que estas medidas impulsadas por el Cabildo en los últimos años han ido consiguiendo un incremento notable del uso del transporte público en la Isla, a lo que ha contribuido, asimismo, la gratuidad incluida por el Gobierno central en el paquete de acciones que acometió para afrontar la crisis económica. Una afirmación que justificó con unos datos que calificó de “contundentes e impactantes”, dado que, como especificó, el número de viajeros en el transporte público en la Isla alcanzó en 2022 los 66 millones y, en 2023, se acercó a los 91 millones.

Hizo hincapié, además, en la relevancia de los recursos que aportan las instituciones para este objetivo, fundamentalmente desde el Estado y desde el Cabildo de Gran Canaria. Así, detalló que el coste de bonificación de la gratuidad a las operadoras ha sido de 72 millones de euros en el último año, de los que el Gobierno central pone cerca de 49 millones, un 67,4%, mientras que la Corporación grancanaria participa con casi 19 millones de euros y la Comunidad Autónoma, con 4,2 millones más, que indicó que se reducirán este año. “Y aquí no incluimos los 14 millones que pone el Cabildo al déficit tarifario”, señaló. “Por lo tanto, nuestra aportación total es de 34 millones de euros, el Estado podría quedarse en unos 59 y el Gobierno canario, en cuatro. Ese es el coste real de lo que suponen para la Isla la gratuidad del transporte público de pasajeros”, zanjó.

El presidente insular recalcó, finalmente, que la continuidad de la gratuidad por las subvenciones incluidas en los presupuestos de 2024 por parte del Estado que están pendientes de aprobación nos va a permitir prolongar esta situación con esas modificaciones que se han coordinado con el Cabildo de Tenerife.

Seis operadoras

Teodoro Sosa también dedicó palabras de alabanza y agradecimiento a las seis operadoras que trabajan en la Isla, por su implicación para lograr mover a 90,7 millones de personas. “Gran Canaria apuesta por un modelo de movilidad sostenible creíble, con datos sobre la mesa. Hemos conseguido eliminar tráfico de nuestras carreteras y eso afecta directamente al bolsillo de nuestros ciudadanos”, reflexionó. “Eso es economía cercana, es también no tener atascos y es permitir que haya menos contaminación, gracias al Cabildo y a esas operadoras, que han incrementado en un 37% el transporte y han sabido apostar por más conductores, por más guaguas y por ir de la mano con la Autoridad Única del Transporte”.

Abundó, de la misma manera, en el hecho de que Gran Canaria y Tenerife se hayan unido en este propósito, una situación que alabó, al considerar que es preciso apostar por un modelo consensuado. “Se trata de un acuerdo para seguir mejorando la calidad del servicio y también se ha hecho pensando en la ciudadanía, dado que también se modifica el sistema de penalizaciones”, insistió. 

Por último, se refirió a las aportaciones de fondos de cada administración, para enfatizar que se debe ser contundente en este punto. “Es importante hablar de movilidad sostenible, pero también hay que hablar del dinero y hay que compensar. No es solo una decisión que nos atañe a un ayuntamiento como el de la capital o un Cabildo de Gran Canaria o un Estado, también el Gobierno de Canarias”, concluyó.

“No podemos seguir soportando exclusivamente una parte de las administraciones un tema con el que a todos se les llena la boca al hablar de movilidad sostenible, de quitar tráfico de las carreteras y de apostar por un desarrollo medioambientalmente equilibrado y por una economía donde la gente deje el coche aparcado y coja el transporte colectivo. Para eso tiene que haber colaboración de todas las administraciones”, sentenció.

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