Llamadas, mensajes y un escrito para presionar a los consejeros de Puertos de Las Palmas

El último Consejo de Administración comenzó tranquilo, como casi siempre en el puerto, pero terminó raro, con una llamada de atención de la Abogacía del Estado a los consejeros por la gestión de los asuntos que llegan a la junta portuaria. 

La advertencia se produjo después de que varios vocales recibieran llamadas, mensajes y hasta un informe destinado a condicionar el voto de los consejeros, todo ello tras retirarse del orden día el asunto que motivó la queja de la Abogacía del Estado, cuya representante en el Consejo de Administración se encuentra entre las afectadas por esas maniobras de presión, incluida la filtración del punto a tratar en la reunión.

El contenido de las comunicaciones recibidas por los vocales era «amenazante», según confirman tres fuentes de ámbitos diferentes, y estaba dirigido a tumbar el punto 10.1.17 del orden del día, que consistía en obtener la autorización del Consejo de Administración para sufragar los gastos de defensa del expresidente Luis Ibarra, tras admitirse a trámite una querella interpuesta contra él por la antigua jefa de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Elena Marín.

Autorización del órgano colegiado

En la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria también están investigados el director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, y la responsable de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez, pero para asumir la defensa de estos dos cargos públicos no es necesaria la autorización del Consejo porque ambos siguen trabajando para la Autoridad Portuaria, no así Ibarra, que se ha incorporado a su plaza en la Audiencia de Cuentas de Canarias al cesar en el puerto. 

Con todo, esos movimientos «amenazantes» están destinados a que la Autoridad Portuaria de Las Palmas no asuma la defensa de los tres investigados, que asciende por el momento a unos 45.000 euros. El argumento general es que Elena Marín también es empleada pública y, por tanto, existe un conflicto de intereses a la hora de asumir la representación judicial de los querellados.

Entre esas comunicaciones destaca un texto de siete páginas que está redactado desde el punto de vista de Marín y de su estrategia procesal, pues asume la totalidad de la querella y cuestiona la falta de motivación del gasto que se pretende autorizar a favor del expresidente, el director del Puerto y la responsable de Recursos Humanos.

Con pretensiones judiciales

El controvertido escrito, además, carece de firma y tiene apariencia de informe judicial, con sus «antecedentes», sus «fundamentos jurídicos» y sus «conclusiones», pero en realidad es una advertencia directa a los consejeros y un pulso a la dirección de la Autoridad Portuaria. 

El texto, en ese sentido, está dirigido en su integridad a tumbar la defensa de Ibarra y del resto de querellados, con una batería de argumentos trufados de retórica judicial y varias preguntas lanzadas al aire, entre ellas cómo va a recuperar la APLP «el dinero público malgastado» si finalmente se formula acusación contra ellos.

La presidenta, Beatriz Calzada, previa consulta con la Abogacía del Estado, decidió retirar el expediente para reforzar su motivación y volverlo a llevar al Consejo de Administración, con la finalidad de aclarar la situación lo máximo posible a los vocales para que decidan si procede o no afrontar los gastos de representación legal de Ibarra (los de Trujillo y Rodríguez no tienen por qué ser ratificados al tratarse de personal en activo de la Autoridad Portuaria).

Investigación reservada

La motivación del expediente no es fácil porque está vinculado a una investigación penal, que es de naturaleza reservada y, por tanto, contiene información destinada al conocimiento exclusivo de los afectados. De ahí la razón principal por la que el asunto de los gastos de defensa se quedó sobre la mesa en la reunión del jueves de la semana pasada.

El conflicto de intereses, llegados a este punto, tampoco es ninguna novedad en el procedimiento. La Abogacía del Estado, desde el comienzo del pleito, declinó hacerse cargo de la defensa y recomendó acudir a un despacho externo, precisamente porque la querellante es también empleada pública y es lógico que afloren intereses contrapuestos. 

Prevaricación inexistente

Por eso la Autoridad Portuaria contrató a un despacho de Madrid especializado en Derecho Penal. La institución, además, considera que los hechos nucleares de la querella sí están vinculados a la actividad del puerto y no revisten desviación de poder o una actuación espuria. De ahí la decisión de asumir los gastos de defensa. 

El origen de la causa penal, en ese aspecto, está vinculado a una prevaricación administrativa inexistente tanto desde el punto de vista de la anterior dirección del Puerto como de la actual. 

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