Canarias reparte siete millones de mascarillas durante la crisis

Desde que comenzó la pandemia Canarias ha repartido 7,1 millones de mascarillas entre los trabajadores de la Administración, la policía autonómica, los centros de toxicomanía, la red de centros sociosanitarios y a los niños escolarizados de cuota cero. Además, desde el Gobierno de Canarias se ha propiciado ayudas para la compra de este material a las 50.000 personas con pensiones no contributivas de las Islas y se ha instado a las empresas privadas, a partir de un informe de salud laboral, a dotar de mascarilla a todos los trabajadores.

Según explicó consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en la Comisión de Sanidad celebrada en el día de ayer en sede parlamentaria, los tres servicios en los que las distintas Administraciones públicas habrían hecho un mayor reparto –y por tanto inversión– de este material han sido en los centros adscritos al Servicio Canario de la Salud (3 millones de mascarillas), en los centros sociosanitarios (1,1 millones por parte de Sanidad y 500.000 por parte de Derechos Sociales) y en Educación (1,7 millones a los 14.000 niños de cuota cero). Pero para la oposición este reparto no es suficiente, dado que la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad en junio estaba pensada para que se estableciera un mecanismo ágil por el cual las familias vulnerables pudieran acceder a la adquisición gratuita de este recurso, preferiblemente a través de una oficina de farmacia.

Sanidad corrobora que llegan menos vacunas a las Islas debido a la juventud de la población

«La idea de la PNL, que aprobamos por unanimidad en junio, valoraba un reparto más constante continuo teniendo en cuenta de que nuestra Comunidad iba a sufrir del punto de vista económico», replicó el diputado del partido popular, Miguel Ángel Ponce durante la exposición de su pregunta parlamentaria. «Esa PNL se hablaba de reparto», continuó el diputado, quien también hizo hincapié en que, cuando se aprobó la PNL, se había solicitado que la mascarilla –dada la necesidad y obligatoriedad de su uso– se considerara como otro medicamento más. Es decir, que también pudiera ser financiable por la comunidad autónoma. El objetivo de esta proposición era evitar que las personas más vulnerables optaran por utilizar mascarillas de tela –dado que no eran tan recomendables– o, en aras de ahorrar algo de dinero, optaran por utilizar repetidamente la misma mascarilla.

En este sentido, Trujillo recordó que este tipo de productos no están reconocidos dentro de la receta electrónica, cuya base de datos depende del Ministerio de Sanidad y no del Gobierno de Canarias. De hecho, en octubre, cuando el consejero compareció en sede parlamentaria, también para abordar el cumplimiento de la PNL, afirmó que el principal escollo para llevarlo a cabo en farmacias tenía que ver con «un aspecto más bien técnico».

A pesar de los esfuerzos realizados por la Administración para repartir este producto sanitario que se ha convertido en un bien de primera necesidad entre los colectivos con más riesgo o menos posibilidad de acceso, Ponce insistió en que el reparto ha sido «completamente insuficiente». En este sentido, remarcó que una familia de cuatro personas está gastando unos 150 euros al mes, teniendo en cuenta que el precio máximo de la mascarilla se sitúa ahora en 0,62 euros. «Hay 195.000 familias en Canarias que viven con solo 370 euros al mes», sentenció.

Para pensionistas

Trujillo defendió la gestión afirmando que Canarias es una de las comunidades en la que se ha hecho un mayor esfuerzo en este sentido y adelantó que se está estudiando incluir una nueva medida en este aspecto. La pretensión de la Consejería de Sanidad es financiar el gasto farmacéutico a todos los pensionistas que cobren menos de 18.000 euros, un gasto en el que también estarían incluidas las propias mascarillas.

Asimismo el consejero indicó que no le parecía que en Canarias se estuviese realizando «un reparto ocasional» e insistió en que no se debía tan solo tener en cuenta el material repartido por la Administración pública, dado que «el mero hecho de imponer como un elemento obligatorio en el mundo empresarial», puede haber multiplicado el acceso a este recurso de muchas otras personas.

Una familia canaria compuesta por cuatro personas gasta 150 euros al mes en este producto

El consejero de Sanidad también aprovechó la ronda de preguntas a la que tuvo que someterse ayer para dar explicaciones acerca de por qué en Canarias se están recibiendo menos vacunas que en otros lugares de España, a pesar de tener la misma población diana, como es el caso de País Vasco. Trujillo resaltó que Canarias es la novena comunidad en envejecimiento de la población, lo que ha provocado que en estas primeras etapas de la vacunación – en las que se ha dado prioridad a los grupos etarios de más edad – el Archipiélago haya recibido menos vacunas, al haberse decidido repartir las dosis de manera equitativa entre las comunidades autónomas.

Sin embargo, no es lo único que ha paralizado la posibilidad de avanzar rápidamente en la vacunación, también lo ha provocado los varios parones que ha sufrido AstraZeneca. «Si de Pfizer hemos inoculado el 97% de las dosis recibidas, de AstraZeneca hemos inoculado el 80%», señaló el consejero. Trujillo insistió en que «hay comunidades con muchas más dosis de Pfizer en relación a su población y nos superan claramente, pero eso no significa que vayamos mal ni que nuestro objetivo de tener vacunado al 70% en verano vaya a cambiar». Para finalizar, Trujillo respondió a una pregunta del diputado nacionalista José Alberto Díaz Estébanez sobre la vuelta del personal de ONG a los hospitales, asegurando que se pretende retomar el servicio cuanto antes. «Desde los hospitales se está trabajando en protocolos propios para que se pueda volver a proporcionar este servicio de manera segura», insistió.

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