Educación y Justicia se movilizan para frenar la estabilización

Concentraciones de protesta para exigir que se cumpla la sentencia europea y se haga fijos a los interinos por el abuso de temporalidad

El personal interino de Educación y de la Administración de Justicia ha iniciado las movilizaciones para reclamar que el Gobierno regional paralice los procesos de estabilización tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuestiona algunos aspectos de la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y advierte que estos procesos no son suficientes para dejar fijos a los trabajadores en abuso de temporalidad. El fallo conocido hace unas semanas se refiere al personal laboral indefinido no fijo y se prevé que antes de junio haya otra sentencia relacionada con los funcionarios interinos en la misma línea.

Ayer se produjeron concentraciones en las dos capitales canarias ante las sedes de la Consejería de Educación por parte del Colectivo Interinos Docentes de Canarias, que estuvo respaldado por los sindicatos STEC e Insucan. En la capital grancanaria alrededor de un centenar de docentes de Primaria, Secundaria y de Conservatorios exigieron la paralización del proceso de estabilización en Educación, que acumula un importante retraso reconocido por la Administración. La portavoz del colectivo, Inmaculada Segura, reclama que «todo pasa porque se paralicen los procesos de estabilización» en aplicación del fallo del TJUE y porque no se cumple la Directiva comunitaria referida al empleo temporal y que tiene más de dos décadas, ahora ratificada por los tribunales.

Aunque el colectivo ha contado con el respaldo de dos sindicatos en las concentraciones, que también exigen la suspensión de los procesos, los docentes interinos afectados cuestionan a centrales sindicales como CCOO, UGT y CSIF, que se han desmarcado de las movilizaciones y defienden la estabilización pactada con el Gobierno. En este colectivo participan unos 1.500 maestros y profesores, aunque los afectados advierten que hay unos 7.000 interinos en esta situación.

El colectivo recién creado estudiará a partir de ahora las acciones a tomar junto a las firmas que ha recogido el sindicato STEC -más de 2.000- para demandar la paralización de los procesos en marcha. Inmaculada Segura advierte de que cuando se publique la próxima sentencia del TJUE «incrementaremos las movilizaciones porque estos procesos estabilizan plazas no personas y hay docentes que se han jubilado con más de 20 años de interinidad y no se les ha reconocido la fijeza».

Por su parte, para hoy en Santa Cruz de Tenerife el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) en la Administración de Justicia ha convocado una concentración ante la Subdelegación del Gobierno para exigir la fijeza del numeroso personal interino que trabaja en este ámbito de la Administración, concretamente unos 900 trabajadores. Este personal, formado mayoritariamente por funcionarios en abuso de temporalidad, también está pendiente del próximo fallo del TJUE.

Sepca denuncia el «caos» existente en el sector de la Justicia y la «falta de transparencia» en las plazas ofertadas. La central sindical ve en peligro los puestos de trabajo de muchos de los interinos que llevan años ocupando plazas estructurales que no se han convocado. Asimismo ven «irrisoria» la indemnización establecida en la ley -equivalente a un despido objetivo de 20 días por año trabajado- y que ya algunos juzgados españoles han desmontado tomando como referencia la sentencia europea, equiparándola con un despido improcedente.

Las dudas del Supremo

La reciente sentencia del TJUE ha sembrado más dudas que certezas y es el propio Tribunal Supremo, que aún tiene recursos sobre esta problemática pendientes de resolver, el que no tiene tan clara su interpretación de la doctrina y ha decidido preguntar al máximo tribunal europeo para despejar sus dudas sobre cómo aplicar la fijeza en el empleo público. La decisión fue adoptada por el Pleno de la Sala de lo Social del alto tribunal español, en una reciente sesión no jurisdiccional. Esta incertidumbre provoca que el Gobierno regional siga adelante con los procesos de estabilización hasta que haya una indicación contraria por parte del Estado, ya que la ley fija el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite. | R.A.D.