El futuro del remolque en el Puerto pasa por el Tribunal Superior de Canarias

El negocio de los remolcadores en los puertos canarios, que lo ejerce de manera exclusiva el Grupo Boluda, pasa por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuya Sala de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas (sección primera) debe resolver en los próximos meses si los pliegos del servicio son o no «un traje a medida» del gigante valenciano para que continúe con el monopolio de la actividad.

Así lo denuncia el grupo alemán Fairplay, que, junto a su empresa filial Odiel Towage, ha solicitado al TSJC la nulidad del pliego de condiciones del servicio portuario de remolque. La compañía considera que las nuevas condiciones atentan contra sus intereses porque vulneran los principios de libre concurrencia y de competencia, entre otros argumentos planteados en su recurso contra los requisitos exigidos para prestar el servicio. 

El pliego fue aprobado el pasado 8 de mayo de 2020 por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, una resolución que debe valorar ahora el TSJC para decidir si se ajusta o no a la legalidad.  

La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa) también presentó una demanda contencioso-administrativa ante el TSJC en la que solicita la anulación del pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de remolque. Esta patronal formalizó el recurso en diciembre de 2020, pero la Sala los excluyó del pleito el pasado mes de septiembre al considerar que carecen de legitimación activa para recurrir, pues sus asociados se dedican a la estiba, la desestiba y la consignación de buques, no al servicio público de remolques.

Con todo, Asocelpa no se da por vencida. El colectivo ha anunciado ante el TSJC que recurre su exclusión al Tribunal Supremo (TS). El órgano judicial canario, por tanto, debe trasladar todo el expediente al TS para que decida si admite o no la competencia de Asocelpa. También figuran como codemandados Puertos del Estado, la Asociación Nacional de Remolcadores de España y las empresas Remolcadores y Barcazas de Las Palmas (Rebapa), Remolques Insulares y Remolcadores Don Quijote, todas pertenecientes al Grupo Boluda.

Asocelpa plantea que la Autoridad Portuaria no podía tramitar el pliego porque estaban suspendidos los procedimientos administrativos debido al estado de alarma declarado por la pandemia del covid. También cuestiona el número de remolcadores exigido y el plazo de dos meses concedido a los prestadores del servicio para adaptarse a las nuevas condiciones del contrato.

Asocelpa recurre al Supremo

El TSJC aún no ha entrado en el fondo de esos argumentos. Lo hará al resolver la demanda de la compañía alemana, que tuvo que dejar el Puerto de Las Palmas precisamente por los requisitos establecidos en el pliego, los cuales, a su juicio, contravienen los principios de libre concurrencia y competencia que Europa promueve para el sector portuario.

Fairplay adquirió la licencia para ofrecer el servicio de remolque en marzo de 2020, pero siete meses después tuvo que dejar de operar en Las Palmas porque no tuvieron tiempo de abanderar los nueve remolcadores que exigía el nuevo pliego. En cambio, Boluda Towage, a través de Rebapa, sí logró tener preparados los nueve barcos, tal como establecían las condiciones del contrato, más seis de reserva, pues posee las licencias para operar en casi todos los puertos españoles.

Los nuevos requisitos, además, obligan a prestar el servicio en los tres puertos de la provincia de Las Palmas: Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que el pliego anterior permitía a Fairplay centrarse solo en el puerto de la capital grancanaria y dejar al margen los de las otras islas, cuyo volumen de negocio resulta deficitario.

Fairplay estableció su filial en Gran Canaria para entrar en el negocio de los remolques a la vez que la Autoridad Portuaria elaboraba los nuevos pliegos del servicio. Odiel Towage comenzó a operar en La Luz en marzo de 2020, justo al comienzo del estado de alarma, pero cesó sus actividades a comienzos de noviembre, al no tramitar a tiempo su adaptación a los nuevos pliegos aprobados en mayo por el Consejo de Administración de los Puertos de Las Palmas. Desde entonces la guerra judicial con Boluda es total.

El grupo valenciano, a través de Rabapa, se querelló contra técnicos y directivos tanto de la Autoridad Portuaria de Las Palmas como de Puertos del Estado, con el argumento de que se concertaron para beneficiar a la sociedad alemana al concederle la licencia antes de aprobar el nuevo pliego. La acusación penal, sin embargo, fue archivada de plano, sin interrogar formalmente a los investigados. El magistrado instructor, tras recabar información documental, llegó a la conclusión de que se trababa de una querella «prospectiva y genérica», esto es, carente de un objeto determinado y preciso, lo cual está prohibido por el ordenamiento jurídico. Esos argumentos fueron confirmados luego por la Audiencia de Las Palmas, cerrando así la vía penal a un conflicto que sigue vivo en lo contencioso-administrativo.

Y en medio de esa disputa por el control de los remolcadores en Las Palmas, medios de comunicación italianos avanzan que el grupo suizo MSC negocia la compra del 40% de la división de remolcadores de Boluda, tras hacerse con la compañía italiana Rimorchiatori Mediterranei, tercer operador a nivel mundial por su presencia en Italia, Malta, Singapur, Malasia, Noruega, Grecia y Colombia. 

La naviera MSC, para profundizar en su proceso de integración vertical, esto es, de prestar todos los servicios portuarios, se fija ahora en el gigante español, con una flota superior a los 300 remolcadores que operan, sobre todo, en los puertos del norte de Europa.

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