El Cabildo de Gran Canaria rechaza que la planta de gas del Puerto de Las Palmas dé luz al resto de la Isla

Gas natural para suministrarlo a buques como combustible, sí; pero para quemarlo y producir electricidad que acabe distribuida por la Isla, no. El Cabildo de Gran Canaria ha elaborado un informe técnico en el que se manifiesta en contra del modelo escogido para la planta de almacenamiento de gas natural licuado, regasificación y producción de energía en el Puerto de Las Palmas. El proyecto, promovido por la empresa Totisa tras superar un trámite de competencia de proyectos ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se encuentra en periodo de información pública para que las administraciones y otras entidades interesadas puedan presentar alegaciones. 

La planta de gas, tal y como se recoge en la declaración de impacto ambiental encargada por la propia empresa promotora, estará compuesta por cuatro motores que serán alimentados con el combustible regasificado y producirán 18,5 megavatios cada uno, con un total de 74 megavatios. La infraestructura contará, además, con un depósito de 15.000 metros cúbicos y cuatro chimeneas de 25 metros de altura, además de una conducción eléctrica desde los muelles interiores de la dársena de África, donde está prevista su instalación, hasta el Muelle Grande, en el que se localizará una subestación eléctrica.

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La infraestructura de regasificación solo requiere 2,78 megavatios de energía para funcionar, por lo que el resto irá destinado a la red de distribución, según recuerda el gobierno insular en su informe, elaborado por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (Ciegc). Una parte de esa producción debe servir para alimentar las grandes grúas de las terminales de contenedores y para el servicio de cold ironing, esto es, que los grandes barcos que efectúan escala -portacontenedores, cruceros o pesqueros factoría, entre otros- puedan ‘enchufarse’ a la red eléctrica del Puerto y apagar sus motores auxiliares mientras se encuentran atracados, tal y como ya ocurre con las embarcaciones menores del Muelle Deportivo. La energía restante acabaría siendo vertida a la red de distribución general. Al respecto, el Cabildo señala en su informe que «las emisiones de estos grupos son superiores a las del mix energético actual de la isla».

Red ya existente

La propuesta del Cabildo pasa por redimensionar el proyecto de Totisa. Los técnicos del Ciegc defienden un modelo en el que el suministro de gas como combustible para buques se realice como ocurre en la actualidad con el diesel y el fuel, a través de depósitos. Además, apuestan por realizar la conexión a buques mediante la red de distribución ya existente en la actualidad «con las modificaciones que ello conlleve», sin «instalar una central de generación en la ciudad».  

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, aclaró en un comunicado que la corporación defiende que el Puerto debe poder suministrar gas natural licuado «para mantener su posición competitiva en el Atlántico medio y cumplir la normativa que exige la disminución del contenido de sulfuros en el combustible marino», pero reafirmó su rechazo a los añadidos del proyecto: «No estamos de acuerdo con el modelo de planta de generación eléctrica con grupos alimentados mediante gas que se introduce en el mismo», abundó.

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La propuesta de Totisa, conocida por primera vez en febrero de 2018, superó en un trámite de competencia de proyectos resuelto en 2019 a las presentadas por Endesa y Enagás, que no incluían tanta capacidad de generación de energía, y se ha encontrado desde entonces con la oposición de asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y departamentos públicos. 

En un primer momento, la compañía promotora presentó un documento de evaluación de impacto ambiental simplificado. Durante este trámite, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias emitió un informe negativo en el que alertaba sobre el «impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud de la población de la capital» que supondría su instalación. A la vez, reclamaba un análisis más exhaustivo ante un documento que, a su juicio, resultaba «a todas luces insuficiente». La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental resolvió, en octubre de 2022, que el proyecto debía someterse a la evaluación ambiental ordinaria que ahora se encuentra en información pública.

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