Una de cada cuatro viviendas alquiladas en Canarias está en el mercado negro

Una de cada cuatro viviendas alquiladas en Canarias está en la economía sumergida. No hay ninguna otra Comunidad Autónoma donde la tasa de arrendamientos en b sea tan alta. En cifras, y según cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), resulta así que hay hasta 30.108 casas alquiladas en la clandestinidad en el Archipiélago. Es decir, casas por las que sus propietarios obtienen unos ingresos que luego no declaran al fisco.

El Ministerio de Hacienda puso en práctica en 2012 el plan contra la economía sumergida, que entre otras medidas incluye el escrutinio del parque inmobiliario para detectar arrendamientos en b. El trabajo de los técnicos del Estado ha permitido reducir de manera sensible el tamaño del mercado negro de la vivienda en España. En los últimos cinco años, en concreto entre 2016 y 2021, que es hasta donde abarcan los últimos datos oficiales, la tasa de alquileres clandestinos pasó del 40% del total –del total de alquileres en el mercado residencial, con lo que no se incluye aquí la bolsa de fraude en el segmento de la vivienda vacacional– a solo el 21,1%. A prácticamente la mitad. Sin embargo, y pese al esfuerzo de los técnicos de Hacienda, el porcentaje de arrendamientos fraudulentos aún es elevado, y lo es de manera especial en Canarias.

De acuerdo con las estimaciones de Gestha, que ha cruzado la estadística del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la de vivienda permanente arrendada que elabora el INE, hasta un 25,3% de los canarios con inmuebles en alquiler residencial no declara los ingresos que le genera esta actividad. En ninguna otra región del país se llega siquiera al 24%. Las dos comunidades que tienen el dudoso honor de acompañar al Archipiélago en el podio nacional del mercado negro de la vivienda son Murcia, donde el 23,4% de sus propietarios elude el control del fisco, y Extremadura (23,1). En el otro extremo está La Rioja, donde tan solo el 16,3% de los dueños de casas y pisos arrendados está haciendo negocio en la clandestinidad.

550.000 casas alquiladas en clandestinidad en España

Ese 25,3% de canarios con inmuebles alquilados en b no significa –no exactamente– que el porcentaje de viviendas arrendadas en la economía sumergida sea también del 25,3%. No en vano, una parte menor de esos propietarios isleños tiene casas alquiladas en otros puntos de España, y lo mismo ocurre al revés, esto es, que parte de los inmuebles arrendados en el Archipiélago de forma clandestina es propiedad de ciudadanos de otras autonomías. Por eso es necesario tener en cuenta estos dos factores para saber con precisión cuántas viviendas del mercado residencial están en negro. Una vez ajustados los datos, la estimación de Gestha es que en Canarias existen las susodichas 30.108 casas alquiladas en b.

Aunque la bolsa de fraude aún es alta, el número de casos se ha reducido en los últimos años

Si se tiene en cuenta que la estadística del IRPF de 2021 muestra que en la región hay un total de 111.275 inmuebles arrendados a personas o familias que los usan como vivienda habitual, entonces el porcentaje de alquileres en negro llega al 27%, algo más de uno de cada cuatro. En toda España son en torno a 550.000 las casas arrendadas en la clandestinidad, con lo que alrededor del 5,5% del total se ubica en el Archipiélago, una tasa que supera en más de un punto el peso que la comunidad tiene en el conjunto del Estado en casi cualquier estadística socioeconómica.

Lucha contra el alquiler clandestino

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda explicaron este lunes que la «maduración» de las medidas para el control de los alquileres sumergidos ha hecho posible reducir su número de manera progresiva. Para detectar este tipo de elusión tributaria, los técnicos del fisco consultan en distintas fuentes de información, desde el consumo eléctrico de las viviendas o la generalización de las deducciones en favor del inquilino hasta, por supuesto, la referencia catastral del inmueble, que también los arrendatarios están obligados a poner negro sobre blanco en su declaración de la renta.

Además, y en el caso concreto de 2021, la lucha contra el alquiler clandestino recibió un empujón con la modificación del artículo 23.2 de la ley del IRPF, que entró en vigor en julio de ese año –la modificación se introdujo en la normativa sobre la prevención del fraude fiscal– y que impide a los propietarios disfrutar de la reducción tributaria del 60% en la cuantía equivalente a los ingresos no declarados, o a los gastos deducidos de forma indebida, desde el mismo momento en que se inicie la comprobación del fisco. Este cambio en la ley fue el resultado de una serie de sentencias del Tribunal Supremo que permitían aplicarse la reducción a los contribuyentes que aportaran todos los datos no declarados durante la verificación tributaria.

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