Los bomberos de Gran Canaria anuncian movilizaciones en marzo por los "incumplimientos" del Cabildo

La Junta de Personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha anunciado este viernes una campaña de movilizaciones durante el mes de marzo en protesta por los “reiterados incumplimientos por parte del Cabildo” a la hora de solucionar la escasez de medios y personal del cuerpo de bomberos para llevar a cabo su actividad.

“Vamos a salir a la calle, con manifestaciones y concentraciones, por la falta de diálogo y voluntad política por parte del presidente del gobierno insular, Antonio Morales, para resolver los dos problemas que tenemos sobre la mesa desde hace muchos años: la falta de recursos humanos y materiales, y la firma de un acuerdo sobre las condiciones laborales, que no se produce desde el año 2011”, adelantó José María Monzón, presidente de la Junta de Personal y portavoz de los bomberos en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario, Jonathan Navarro, y el vicepresidente, Pedro Gallego, en representación de los dos sindicatos CCOO y CSIF, mayoritarios en ese cuerpo de emergencias.

Los bomberos prevén “un marzo caliente” y aseguran que han tenido “mucha paciencia, tras más de ocho años esperando que el presidente Antonio Morales resolviera estos problemas y cuatro desde el incendio de 2019, en el que se comprometió a dar una solución que no solo no llega, sino que ha hecho que la situación haya empeorado”.

Monzón recordó que Morales, como responsable directo de las emergencias de la isla y del propio Consorcio, “se comprometió a dialogar con los trabajadores tras el gran incendio forestal que azotó Gran Canaria en 2019”, cuando también les agradeció su “entrega” durante la lucha contra el fuego. “Después de todo este tiempo y transcurrido casi cuatro años, la realidad es que no se ha sentado a dialogar y seguimos en la más absoluta desidia por la falta de gestión, de personal y aplicación de sentencias ganadas en materia de jornada laboral en el Tribunal Supremo”, apuntó

En respuesta, a través de un comunicado, Morales calificó las declaraciones de “algunos” representantes sindicales de los bomberos como un “ataque personal y político sin fundamento, que se produce apenas una semana después de que anunciara su candidatura a la reelección como presidente insular”.

A su juicio, “solo así se entiende que algunos portavoces sindicales, que no representan a la totalidad del colectivo”, lo señalen “como único y principal responsable de los supuestos incumplimientos", cuando en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria el Cabildo tiene una participación del 40%, los 19 ayuntamientos (todos menos San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria) otro 40% y el Gobierno de Canarias un 20%.

Además, desde el Cabildo se recuerda que el presidente de la institución insular no forma parte de los órganos del Consorcio de Emergencias, cuya presidencia en estos momentos ostenta el consejero de Hacienda, Pedro Justo, y que dentro del Consorcio las decisiones se toman en la Junta entre todos los miembros que la componen.

Morales consideró que “es bastante inexplicable que después de ocho años un pequeño grupo de representantes sindicales lance un ataque directo y personalizado contra él, a tres meses de las elecciones y una semana después del anuncio de su candidatura”. A su juicio, “esas declaraciones son un ataque político sin fundamento que nada tiene que ver con los derechos de los trabajadores del Consorcio y con el funcionamiento de la institución”.

Respecto al primer problema sin resolver, la falta de personal, el portavoz de los bomberos afirmó que “actualmente la falta de aprobación de una oferta pública de empleo, paralizada desde el año 2010, está asfixiando el servicio y esto conlleva que se incumplan los procedimientos e instrucciones internas que dan seguridad a quienes intervienen”.

En estos momentos, precisó Monzón, hay parques con dos o tres bomberos actuando y esto es una “absoluta irresponsabilidad operativa”. En noviembre de 2022 se abordó este asunto con el Cabildo y Pedro Justo “indicó que nos traería una propuesta para su aprobación antes del 31 de enero de 2023, para luego convocar oposiciones, pero seguimos sin propuestas”.

“Seguimos -añadió Monzón- con unos estatutos derogados y caducados del año 2008 donde los ayuntamientos votan a razón de un 40% y el Gobierno de Canarias con un 20%, y por consiguiente el Cabildo no cuenta con mayoría de votación. Todo ello cuando la realidad presupuestaria actual es bien distinta y el Cabildo aporta un 63% del presupuesto y es a razón de este porcentaje el voto que debe emitir en la junta general, luego un 9% el Gobierno de Canarias y finalmente los ayuntamientos tan solo un 28%. Por consiguiente, quien tiene todo el peso de las decisiones es el Cabildo insular de Gran Canaria. Se nos informó que antes de finalizar el año 2022 se aprobarían los nuevos estatutos y el porcentaje de votos, y todo sigue igual”.

En referencia a las condiciones laborales, la Junta de personal sostuvo que “a pesar de las sentencias ganadas que obligan al cabildo a negociar un nuevo acuerdo con los bomberos, este asunto no se ha resuelto y ya son diez años de condiciones impuestas de manera intransigente”. Solicitan que en aplicación a la ley estatal, la cual obliga a adscribir al Consorcio de Emergencias y su personal al Cabildo y aplicar el régimen jurídico de esta administración, a su vez se aplique el acuerdo marco de los funcionarios y funcionarias del Cabildo a todo el personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. “Es hacer exactamente lo mismo que hacen con el Consorcio de Viviendas y resto de entidades públicas adheridas al Cabildo, a las cuales sí les aplican estos preceptos. Desde 2012 se está imponiendo condiciones laborales y por ello no se están aplicando derechos laborales que todos los funcionarios ya tienen integrados, por ejemplo; las 35 horas semanales, licencias y permisos por antigüedad”, comentó Monzón.

Los representantes de los trabajadores aseguraron que no es un problema de dinero. “Hemos detectado que cada año se dejan sin ejecutar 4 millones de euros del presupuesto total del Consorcio de Emergencias, o sea en torno a un 25%. Existe falta de claridad y transparencia de los presupuestos del Consorcio, ya que este dinero sin ejecutar termina en las arcas del Cabildo como remanentes que no son invertidos en toda su totalidad en el Consorcio de Emergencias a pesar de ser necesario incrementar bomberos o adquirir recursos materiales”, insistió Monzón.

Por último, denunció que “siguen sin ejecutar las sentencias ganadas en el Tribunal Supremo en cuanto a jornada y retribución de atrasos por la jornada ampliada realizada”.

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