La planta de gas del Puerto de Las Palmas divide a los socios del tripartito

La futura planta de gas del Puerto de La Luz divide a los socios del gobierno tripartito de Las Palmas de Gran Canaria. Mientras la tercera tenienta de alcaldesa y concejala de Desarrollo Estratégico y Sostenibilidad, la militante de Podemos Gemma Martínez Soliño, ha expresado su rotundo rechazo a la instalación de la planta de gas, sus socios socialistas en el Consistorio han optado por quedarse al margen y no manifestarse. La única respuesta como Ayuntamiento ha llegado por el concejal de Urbanismo, que ha dejado en manos del Gobierno canario la última palabra en torno a un proyecto que apuesta por las energías fósiles y sobre el que pesa un informe negativo de la Dirección General de Salud Pública, por el negativo impacto que tendría sobre la población.

El segundo teniente de alcaldesa y concejal de Turismo y Ciudad de Mar, el canarista Pedro Quevedo, ha eludido pronunciarse sobre el asunto, aunque su partido Nueva Canarias se ha mostrado en contra del modelo elegido para la planta de gas licuado que impulsa Totisa Holdings.

Por el momento el único pronunciamiento oficial del Gobierno tripartito, durante el trámite de consulta a las administraciones promovido por la Dirección General de Energía del Gobierno canario en el periodo de información pública, ha sido un informe emitido por la Concejalía de Urbanismo, que dirige el socialista Mauricio Roque, en el que se considera que la instalación no presenta «efectos significativos» desde el punto de vista de la ordenación del territorio y la normativa urbanística.

En definitiva, lo que viene a hacer el informe es condicionar su apoyo a que exista una «determinación favorable por parte de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental» sobre el cumplimiento de la legislación en materias como salud pública, la dinámica marina y portuaria, el cambio climático u «otros aspectos que se consideren relevantes». 

También condiciona su posición a que la Comisión de Evaluación Ambiental establezca como suficientes las medidas de prevención, corrección y seguimiento de las medidas que «resulten procedentes a los efectos de garantizar el control y minimización de los efectos de signo negativo en las variables de impacto sobre la población y la salud pública, los riesgos de contaminación y calidad del aire y agua, así como la sostenibilidad de la biodiversidad existente en el medio marino».

Hay que recordar que la planta de gas enfrentó en el gobierno canario anterior a los departamentos de Transición Ecológica y Salud Pública, dado que el primero negó la existencia de efectos adversos en el medio ambiente, mientras que Salud Pública advirtió de sus «efectos negativos permanentes» sobre la población capitalina.

Este periódico intentó conocer, sin éxito, si Salud Pública ha emitido un nuevo informe y, en ese caso, si es diferente al anterior.

El Cabildo, en contra

El informe y la posición del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, el municipio en el que se va a instalar la planta, contrasta con la del Cabildo de Gran Canaria, gobernado por Nueva Canarias y el PSOE, que se ha posicionado en contra del proyecto en sus alegaciones. El informe técnico realizado rechaza sobremanera que la instalación de gas licuado incorpore una central de generación de electricidad.

No ve mal que haya una planta de gas para abastecer a lo barcos, pero se opone en redondo a que la misma produzca electricidad para el resto de la isla.

En el Ayuntamiento capitalino, la única responsable que se ha posicionado claramente en contra de la instalación de Totisa Holdings ha sido la edila Gemma Martínez Soliño, aunque su departamento no ha emitido ningún informe sobre la planta.

El Cabildo de Gran Canaria rechaza que la planta de gas del Puerto de Las Palmas dé luz al resto de la Isla

Martínez Soliño, quien deja claro en todo momento que habla en calidad de militante de Podemos y no de concejala, considera un «error mayúsculo» apostar por la introducción del gas en la isla y hacerlo además en contra de los informes negativos de Salud Pública y de «la opinión del barrio de La Isleta», en lugar de aprovechar la oportunidad de apostar por el hidrógeno verde. 

Martínez cita, como ejemplo de lo que debería hacerse, la experiencia que se está llevando a cabo en Puertollano (Ciudad Real), donde Iberdrola puso en marcha hace un año la mayor instalación de Europa de hidrógeno renovable, que está integrada por una planta solar fotovoltaica de 100 megavatios y prevé alcanzar una producción de 3.000 toneladas anuales. O la planta de hidrógeno verde que se proyecta en el puerto de Coruña (Galicia), en la que se contempla una inversión de 10.000 millones, con la participación del Estado. 

«Me dicen que soy una ilusa, que el hidrógeno no es viable y que está en investigación. Y entonces qué hacemos, nos quedamos atrás, seguimos apostando por el gas y mientras tanto perdemos la oportunidad de ser pioneros. Mientras el Estado invierte en Coruña en una instalación renovable, aquí nos meten el gas».

Lamenta que la Autoridad Portuaria de Las Palmas «siga actuando como un reino de taifas dentro de la ciudad. Yo soy vecina de La Isleta y no quiero tener a un kilómetro una instalación potencialmente peligrosa para los vecinos y las vecinas, como ha dicho Salud Pública, existiendo otras alternativas».

«Si no apostamos por el hidrógeno verde, nunca va a ser una realidad y quien dice hidrógeno verde dice otra forma de generación de energía limpia. Lo que no puede ser es que el 90% de la energía se siga obteniendo de combustibles fósiles», sostiene.

Al respecto, asegura que podría entender una instalación transitoria de gas para 20 años, «mientras en la zona cercana se apuesta por actuaciones conjuntas que dé la sensación de que queremos avanzar» hacia la introducción de las energías limpias, que no es el caso.

Ben Magec - Ecologistas en Acción se opone a la instalación de una planta de gas natural licuado en el Puerto de La Luz

Martínez recordó el «fracaso absoluto» del puerto de Granadilla, que se construyó en Tenerife con el único objetivo de introducir el gas y todavía está sin funcionar. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife inició el pasado año los trámites de una concesión administrativa para instalar una central eléctrica de gas natural e hidrógeno verde. 

Lamentó que las instituciones no protejan «nuestro territorio. No creo que estén apostando por nuestra gente.Estamos apostando por intereses que a lo mejor no son los nuestros».

Gemma Martínez, que también se mostró en contra de megaproyectos como el que impulsa el Cabildo de Gran Canaria en Chira-Soria, sostiene que su partido apuesta por la «defensa absoluta del territorio y eso pasa por no introducir más energía contaminante, entre otras cosas, y evitar megaproyectos que sigan destruyendo nuestro paisaje».

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