Los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria tendrán que volver a pagar por la recogida de la basura en 2025

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prepara la implantación, a partir de enero de 2025, de una nueva tasa por la que se cobrará a los vecinos de la capital por la recogida de la basura. Así lo explicó el coordinador general de Economía y Hacienda, David Gómez, durante su comparecencia este miércoles en la comisión de pleno de Gestión Económica y Financiera, en la que también fue aprobado el proyecto de presupuestos generales de la institución para el próximo año. Las cuentas serán llevadas este jueves a un pleno extraordinario para su aprobación inicial.

La capital grancanaria carece de tasa de basura desde que se eliminó en la década de los 80 del siglo pasado. Sólo se cobra por la recogida de los residuos sólidos a los comercios y otros establecimientos, lo que se conoce como la tasa de basura comercial, pero la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados, que entró en vigor en 2022, obliga a todos los municipios españoles a sufragar la totalidad del coste de la recogida de residuos sólidos urbanos a través de una tasa y tienen como fecha tope para hacerlo el 10 de abril de 2025.

 La mayoría de los municipios cobran una tasa de basura que cubre total o parcialmente el servicio, por lo que ahora solamente tendrán que subirla hasta costear la totalidad de la prestación, pero en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, habrá que reimplantar la tasa, cuyo coste aproximado aún no se sabe, aseguró Gómez.

El anterior gobierno estudió la posibilidad de recuperar la tasa en 2016 para repercutir a la ciudadanía el tributo que cobra el Cabildo a la ciudad por depositar la basura en el vertedero de Salto del Negro, por el que paga 7,8 millones al año, pero hasta ahora no se había concretado en ninguna actuación.

Según el coordinador, la ciudad debe regular de «forma obligatoria una tasa que recoja el coste real de las operaciones de recogida, gestión y tratamiento de los residuos sólidos».

El objetivo es estudiar el próximo año el coste de servicio, de cara a fijar la cantidad de la tasa y con qué recibo se cobrará. «Durante el próximo ejercicio tendremos que modificar la ordenanza, actualizando las tarifas para los comercios y regulando su imposición de forma obligatoria para los hogares», indicó.

El Órgano de Gestión Tributaria ya ha mantenido las primeras reuniones con el servicio municipal de Limpieza para saber conocer el valor del contrato de residuos sólidos y el resto del coste del servicio, para decidir el coste de la tasa.

«Una vez tengamos el coste del servicio», indicó Gómez, «debemos analizar como establecemos las tarifas para los hogares. Hay diferentes criterios en función de la localización de la vivienda, el valor catastral, el consumo de agua, la superficie de la vivienda. En los municipios que van más avanzados», añadió, «se está estableciendo la tasa en función de la generación de residuos y de la participación del hogar en la recogida selectiva».

Aunque todavía no está claro como se hará, el responsable de Hacienda advirtió que habrá que establecer bonificaciones, de cara a «tener una fiscalidad justa tanto desde el punto de vista social como ambiental».

Nuevo contrato

Por su parte, el concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, subrayó que el tributo «se implantará con rigor, basado en un estudio y distinguiendo la capacidad económica de cada uno de los ciudadanos».

Reiteró que el «nuevo contrato de Limpieza no estará listo hasta el segundo semestre de 2024, porque se trata de una concesión de limpieza viaria y recogida de residuos y mantenimiento de playas en una ciudad de 400.000 habitantes y es un pliego complejo, que estará pronto aprobado».

Por su parte, el concejal del Partido Popular (PP), Diego López-Galán, expresó su «preocupación» porque, «además de subir el impuesto de circulación, es la única medida fiscal que va a tomar este Ayuntamiento. Se trata de un impuesto más a pagar, que gravará a las familias, que ya han sufrido bastante la inflación, la subida de precios, el covid, etc.». 

A su juicio, la ley implica más obligaciones, además de implantar una tasa, y «tal y como está la situación de la limpieza, hace falta, más que buenas intenciones, todo un catálogo de medidas concretas para implementarlas porque con el sistema actual no va a poder hacer frente a las obligaciones que tiene la ley», como la incentivación de la recogida separada o las estrategias de economía circular.

«Hay que cambiar desde cero todo el sistema de recogida y dotar al servicio de todos los recursos necesarios, porque dada la situación de medios humanos y técnicos, me temo que no llegaremos a tiempo porque no se ha hecho nada, sólo un catálogo de buenas intenciones. No sé como se va a implementar el servicio con un contrato vencido», indicó.

Spínola pregunto López-Galán dónde tenía ubicada la «bola de cristal» que le permitía hacer esos negros augurios, que calificó de «falsos». «Estamos haciendo el trabajo. No estamos quietos y eso lo ve la ciudadanía, los funcionarios y ustedes también lo ven aunque no lo reconozcan».

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