La tierra del litigio: ¿por qué los canarios delinquen más que los vascos?

Canarias es tierra de playa, sol y pleitos. La imagen paradisíaca que posiciona a las Islas como un destino turístico de referencia viene acompañada de la tasa de litigiosidad más alta de España desde hace cinco años. Los residentes del Archipiélago son los que más asuntos llevan a los juzgados por rupturas matrimoniales, crímenes de odio, violencia de género y otras tantas desavenencias en las que un juez tiene la última palabra. Pero, ¿por qué los canarios delinquen más que los vascos?

Las cifras que emite anualmente el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que los juzgados de las Islas concentraron en 2023 una media de 188,67 pleitos por cada 1.000 habitantes, 43 más que la media del Estado (145,66) y 32 más que la siguiente en la lista, que es Andalucía. A la cola se encuentran las regiones del norte, con el País Vasco como la comunidad autónoma con menor tasa de pleitos (hasta 85 menos por cada 1.000 habitantes que Canarias), seguido de La Rioja (103,9) y Navarra (115,7).

La provincia de Las Palmas registra la mayor tasa de litigiosidad de España

Economistas, juristas y abogados han tratado de buscar una explicación a por qué hay tanta diferencia entre unas regiones y otras de España en cuanto al volumen de delitos. Uno de los que ha abordado esta cuestión es el economista y abogado Juan S. Mora-Sanguinetti, que en su libro La factura de la injusticia: Sistema judicial, economía y prosperidad en España apunta, entre otros factores, a la influencia que tiene el sector económico mayoritario de una región en una mayor o menor litigiosidad.

Una economía impredecible

"El desarrollo del sector industrial parece relacionarse con menor congestión judicial cuando se analizan los datos de las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y social. Lo contrario, como cabría esperar, ocurre con el sector servicios", concluye Sanguinetti. Las cifras del año pasado apuntan en esta dirección: Canarias, con una economía basada en su mayor parte en el turismo, fue la más litigiosa, y el País Vasco, donde la industria tiene un gran peso, fue la que menos litigó.

La explicación que da el economista a este fenómeno es que las relaciones económicas de la agricultura y el sector servicios están más sujetas a imprevistos, como la ola de frío que asoló España a comienzos de 2021 y provocó grandes pérdidas en el campo o el confinamiento decretado por la pandemia de la Covid-19 y la consecuente caída de la actividad hostelera. "Por el contrario, por muchos motivos, el sector industrial es más robusto frente a este tipo de circunstancias y depende de parámetros usualmente conocidos (es más previsible)", sostiene Sanguinetti en su libro.

En el caso concreto de Canarias, el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas y letrado laboralista, Rafael Massieu, apunta a que "en las zonas turísticas hay mayores conflictos en la jurisdicción social y esto es derivado de que hay poca estabilidad en el puesto de trabajo". La apertura y cierre constante de pequeños negocios es uno de los factores que, según el abogado, contribuye a que las Islas concentren una tasa tan alta de litigiosidad.

Las regiones españolas en las que predomina el sector servicios son las que más litigan frente a una economía industrial

"Es un sector que depende mucho de la demanda fundamentalmente extranjera y, por tanto, estamos también dependiendo de la evolución económica de los países de origen y, en general, de las otras alternativas turísticas a nuestro destino. Creo que podemos controlar muy poco, desde Canarias, lo que es la llegada, la afluencia de turistas, que en otros sectores está más estable", añade Massieu.

No es la única forma en la que el turismo influye en los tribunales canarios. El año pasado las Islas recibieron a 14,1 millones de visitantes que, como informa el juez decano de Las Palmas, Juan Avello Formoso, forman parte de una población flotante que no se tiene en cuenta a la hora de calcular la tasa de litigiosidad. "Si la mayor litigiosidad se calcula con el número de procedimientos por cada 1.000 habitantes, resulta que en Canarias se tiene en cuenta un número de habitantes que no es acorde con la realidad. Nos visitan cada año millones de personas que presentan procedimientos, bien sea por una pelea, una caída, cualquier denuncia de tipo penal o por no satisfacción de los servicios prestados", explica el juez.

Los juristas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han venido advirtiendo de este condicionante a la hora de que las administraciones públicas calculen la dotación de órganos judiciales y de medios materiales para hacer frente al elevado volumen de procedimientos. "No puedes crear juzgados en igualdad en todos los territorios de España en base a un porcentaje, hay que mirar dónde son más necesarios y adecuarse a la realidad de cada uno de los territorios", advierte Avello.

Población flotante

Los últimos datos indican que, si el volumen de entradas tiene que ser de un 100%, los juzgados de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria presentan una carga de trabajo de un 300%. "Lo que se hace es un sobreesfuerzo para sacar mucho más que aquello que se considera razonable", explica el juez decano. Ese esfuerzo añadido tiene sus frutos, pues a pesar de los elevados asuntos que ingresan cada año los juzgados, los usuarios tienen uno de los plazos de espera más cortos de España.

En cuanto a la tasa de congestión en 2023, que relaciona la suma de los asuntos pendientes al inicio de un periodo y los registrados al final de dicha fase para determinar cuántos asuntos quedan por resolver, Canarias fue la comunidad autónoma con mejores datos. La tasa que registraron los juzgados canarios fue de un 1,47, cinco décimas por debajo de la media nacional, que se encuentra en un 1,52, y seguida de Navarra (1,35) y Aragón (1,36). Por el contrario, la región española que presentó una mayor congestión el último año fue Castilla-La Mancha con un 1,46.

Otro de los aspectos que analiza Mora-Sanguinetti en La factura de la injusticia es si es cierta la creencia popular de que más abogados generan más litigios. Sin embargo, el economista llega a la conclusión de que "no se puede relacionar directamente el número de abogados y la litigación" porque "ambas magnitudes están afectadas por un problema de circularidad" y añade que, si hay más litigación, "también habrá naturalmente más letrados".

Los millones de turistas que visitan cada año las Islas y que también delinquen no se incluyen en las tasas

Massieu explica que en los últimos años ha habido "un aumento considerable del censo colegial" en Canarias y que, al haber más competencia, "la retribución de la profesión tiene una tendencia a la caída". El decano del Colegio de Abogados considera que unos honorarios más bajos pueden llevar a la larga a que haya una "mayor tendencia a reclamar judicialmente".

Pero el problema de base, matiza el letrado, se basa en otro aspecto. "En todo el Estado no existe esa cultura del acuerdo que yo creo que sería muy necesaria, pero en Canarias particularmente existe muy poca tradición en la resolución de controversias a través de lo que se llaman los métodos alternativos a la administración de justicia. La conciliación solo se ha practicado con bastante éxito en la jurisdicción social, pero en el resto de las jurisdicciones siempre ha sido un fracaso absoluto", reflexiona Massieu.

El abogado decano comenta que "el arbitraje está muy limitado y diría que casi restringido a resolver conflictos de carácter empresarial y, lo que es la mediación, que siempre ha habido en los últimos años una tremenda apuesta por potenciarla, lo cierto es que por diversas circunstancias no ha funcionado adecuadamente. Yo creo que la mediación tiene un gran problema y es que hay que incentivar su uso entre las abogadas y abogados para que sea una alternativa real al procedimiento judicial".

Escasa conciliación

Otro aspecto que influye es el Producto Interior Bruto de cada región, que afecta al nivel adquisitivo de los ciudadanos y que puede verse reflejado en la tasa de litigios. "Pienso que al ser una zona económicamente con peor PIB que la media nacional, puede influir en que haya una mayor litigiosidad. Por ejemplo, en la jurisdicción penal me resulta bastante evidente que pueda ser así, que pueda tener una consecuencia directa de la otra", asegura Massieu.

La factura de la injusticia detalla que "la situación de la economía de un país tiene mucho que decir sobre la situación de un sistema judicial en el corto plazo". Las etapas de recesión de un territorio llevan a que aparezcan los primeros síntomas de problemas en los juzgados y es que en un contexto de crisis, sostiene Mora-Sanguinetti, "es más probable que los ciudadanos, incluso con las mejores intenciones, no puedan cumplir sus contratos, originándose conflictos y malentendidos". Los despidos improcedentes y las disoluciones empresariales generan un gran volumen de procedimientos que terminan en los juzgados de lo mercantil.

El año pasado, los órganos judiciales del Archipiélago registraron 2.195 demandas de concurso de acreedores, un 211,8% más que en 2022, según los datos recogidos por el CGPJ. El crecimiento de las antiguas quiebras en España en los juzgados de lo mercantil fue de un 115,4% con respecto al periodo anterior, lo que supone un aumento un 95,78% superior que en la media del Estado.

Los periodos de recesión económica van acompañados de un aumento del número de delitos

Además, la administración de justicia forma un servicio público peculiar, que se distingue en un aspecto del funcionamiento de la sanidad o de la educación. "En la Sanidad, si los responsables políticos deciden crear ahora tres hospitales más, no habría enfermos para cubrir esos tres hospitales porque el número de enfermos es el que hay. Sin embargo, en la administración de justicia pasa una cosa diferente: si creas más juzgados, el índice de congestión disminuye y supone un efecto llamada. Es decir, si los juzgados están colapsados, aquel ciudadano que tiene una deuda de 100 euros ve que va a tardar mucho, va a costar y le van a dar una respuesta tardía, así que no lo presenta. Pero, si los juzgados están bien, aumentan los procedimientos", explica Avello.

Es la pescadilla que se muerde la cola: aumentan los litigios y se genera la necesidad de crear más juzgados para hacer frente a las nuevas denuncias y demandas, pero los números siguen escalando y se repite el problema cada año. El juez decano explica que, desde que empezó a trabajar hace 25 años en los juzgados, "todos los años se registraron más litigios que el anterior".

Mora-Sanguinetti e Isabel Soler recogieron en su estudio La regulación sectorial en España. Resultados cuantitativos el crecimiento exponencial de la normativa en cada una de las regiones de España. En el periodo que analizan los autores, que comprende desde 1995 hasta 2020, identificaron un total de 206.777 normas en el conjunto nacional para regular 23 sectores de actividad.

Maraña normativa

Ambos autores analizan el conjunto de normas porque podrían "ser de utilidad para ayudar a analizar si la regulación está desplegando efectos positivos o negativos en cada sector de actividad económica y hasta qué grado". Las Islas han aprobado una media de 415 normas cada año, unos datos que le sitúan en décima posición con respecto a las otras comunidades autónomas. "El volumen de regulación en Canarias, a lo largo de la democracia, es cada vez mayor", explica Sanguinetti.

En La factura de la injusticia el economista vincula cómo influye este aspecto en la litigiosidad de una región y determina que, "cuando el volumen de regulación es excesivo o proviene de muchas administraciones distintas, el coste de comprender y utilizar las normas aumenta". El desconocimiento de la normativa y las dificultades para entender qué normativa aplicar en cada caso incrementa el número de asuntos ingresados, añade Sanguinetti.

Una normativa difícil de comprender o que se pisa con otras leyes genera un incremento de asuntos mercantiles

"Durante el período democrático ha aumentado el número de órganos con capacidad de aprobar normas con rango de ley. Y es que en España, dentro de sus competencias, una ley aprobada por el parlamento murciano o aragonés tiene el mismo valor que una ley proveniente de las Cortes Generales. Esto es de enorme influencia en el modo en que ha evolucionado la dispersión de la regulación en España, pues un ciudadano o una empresa (o sus abogados) pueden tener dudas sobre qué normativa aplicar cuando hay una mayor fragmentación", sostiene en dicho ejemplar.

Canarias necesita al menos 40 juzgados más para afrontar la alta entrada de litigios

"Si tú tienes una maraña normativa que genera inseguridad o que no es una normativa clara, eso incrementa mucho el índice de delitos y, al final, son los jueces los que tienen que interpretar la legislación porque, si está clara, no se generan litigios", coincide el juez decano de Las Palmas. Avello añade que esto resulta más evidente en los asuntos de urbanismo o en todo lo relativo al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

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