Un Juzgado que protege a la infancia

Proteger a la infancia y suprimir la revictimización de las víctimas menores. Esos son los objetivos del Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, un proyecto que además es pionero en España y tiene sede en la capital grancanaria. 

La inauguración de la prueba piloto este órgano judicial se celebró el pasado 1 de octubre de 2021 y su entorno se ha ido adaptando con el paso del tiempo para convertirse en un espacio agradable para los menores y sus familias. Todo esto con las máximas garantías procesales tanto para las víctimas como para los investigados.

A escasos días de cumplir los seis meses de funcionamiento ya han instruido 185 procedimientos, según el magistrado titular del Juzgado, Tomás Martín. «Yo iba preguntando y valorando la entrada en cada órgano judicial y notamos a mediados de noviembre una ola que ahora sigue y estamos por encima de lo previsto, puesto que mi cálculo era atender de 16 a 23 casos mensuales y superamos los 30. Son siete u ocho asuntos más al mes», detalló el juez. 

Las víctimas menores que acuden a declarar se encuentran primero con la imagen de Togui, la mascota del Juzgado, y después son trasladados por personal especializado al órgano judicial. Al entrar cambia todo el ambiente, un piso de grama artificial da la bienvenida a las salas en las que permanecerán las víctimas y sus familias antes, durante e incluso después de prestar su testimonio. 

Dependencias del Juzgado de Protección de la Infancia

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La primera es la sala de estancia donde «se rompen las reglas». Y es que según Martín, allí se pueden quitar los zapatos, subirse al sofá, jugar, leer, ver televisión e incluso disfrutar de la realidad virtual a través de un dispositivo que tiene el Juzgado. El recinto cuenta con una estancia multifuncional que sirve para que las víctimas puedan relajarse antes de marcharse, la cual cuenta con una biblioteca de la que se pueden llevar los textos que quieran.

Este órgano judicial deja atrás la sala gesell y da un paso adelante con la estancia de exploración en la que «no existen togas». Con esto evitan que los menores tengan «la sensación de que alguien los está viendo» a través del espejo. Esta habitación, a la que sólo entran el juez y la víctima, está alejada de la sala de observación (donde se encuentran los abogados, fiscales, peritos, investigados y letrados de la Administración de Justicia). La estancia cuenta con una cámara y micrófono, lo que hace posible que las partes puedan observar la declaración en fase de instrucción sin estar cerca. 

Todo gracias a un sistema desarrollado por las empresas Codimg e Inetum, con el que se optimizan los tiempos y se evita que la víctima tenga que contar su versión nuevamente en el juicio. Con esta nueva herramienta se presenta el informe pericial en cuanto a la credibilidad del testimonio del menor al Tribunal con fotogramas con sus análisis, reproducción de imágenes, conclusiones «mejor presentadas», lo que implica que la perito no tendrá que acudir, en ocasiones, a la vista oral.

El Instituto de Medicina Legal desarrolla un kit de recogida de muestras genéticas de «máxima seguridad»

Además, una vez que despiden a la víctima se toma declaración al investigado o investigada y a los testigos si el tiempo lo permite, lo que ayuda a agilizar la instrucción y es que una prueba preconstituida puede durar unos 20 minutos o dos horas y media (que es el tiempo máximo hasta ahora que han tardado en una exploración de este tipo). «Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que esto es mil veces mejor», sostuvo el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello.

Gracias a la Fundación Mapfre el Juzgado cuenta con cuatro investigadores, entre ellos Zaira Santana, que es doctora en psicopedagogía especialista en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), del departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad. Todos dedicados a determinar si las víctimas sufren estrés antes, durante y después de prestar testimonio a través de una pulsera y evitar la revictimización. 

También tienen la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia que cuenta con dos médicos forenses, la psicóloga Mónica Rincón y la subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas, Eva Bajo. «Uno de nuestros objetivos es que esté todo científicamente avalado y esto implica el desarrollo de la psicología y pediatría forense. Por ello elaboramos nuestros propios estudios», resaltó la médica. 

Destaca, a su vez, que el proyecto sirve como un laboratorio pequeño en el que han diseñado un «kit para recoger las muestras genéticas de los menores que supera a cualquiera en base a los estándares internacionales y garantizar la máxima seguridad a esas evidencias que se puedan obtener en un reconocimiento de abuso sexual infantil». Se espera que el Juzgado tenga una comisaría de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como la edificación de la Casa de la Infancia en el IML.

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